La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, convocó este miércoles a empresas nacionales y extranjeras para activar un plan de edificación rápido de soluciones habitacionales. La medida busca atender la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026, desastre natural que ha dejado un saldo trágico de 3.811 personas fallecidas y más de 17.900 ciudadanos sin hogar en el territorio nacional.
Rodríguez informó que un comité técnico de expertos en suelo y subsuelo ya se encuentra desplegado localizando los terrenos idóneos para el levantamiento de nuevas viviendas y proyectos urbanísticos bajo estrictas normativas antisísmicas. Asimismo, la mandataria encargada adelantó que el Ejecutivo presentará próximamente ante el país el cronograma de ejecución de estas obras civiles.
Casas prefabricadas y apoyo de las Naciones Unidas
Como medida inmediata frente a la pérdida de infraestructura residencial, el Gobierno venezolano —con el respaldo técnico del sistema de las Naciones Unidas— planea importar al país viviendas prefabricadas para agilizar el reasentamiento seguro de las familias damnificadas. Así lo confirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en una entrevista concedida desde Playa Grande, una de las zonas costeras más devastadas en el estado La Guaira.
Fletcher detalló que el organismo multilateral ya inició la recaudación de fondos internacionales para poner en marcha la instalación de estas estructuras de emergencia. De igual forma, el alto funcionario de la ONU insistió en la necesidad de flexibilizar las sanciones económicas que pesan sobre el país, argumentando que las restricciones financieras no deben bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria ni obstaculizar la reconstrucción a largo plazo de las comunidades afectadas.
Evaluación de daños y financiamiento de la reconstrucción
La magnitud de la destrucción arquitectónica y material se refleja en las recientes evaluaciones técnicas y financieras de las agencias internacionales:
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Pérdidas materiales: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó de forma preliminar que los daños físicos directos en infraestructura representan una pérdida de 6.700 millones de dólares.
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Estructuras colapsadas: Las inspecciones del Estado venezolano registran un total de 190 edificios totalmente destruidos, concentrados principalmente en el litoral central de La Guaira.
Para apalancar financieramente este despliegue constructivo, la presidenta encargada confirmó el inicio de conversaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como con las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Como base económica de contingencia, el Ejecutivo aprobó la creación de un fondo inicial por un monto equivalente a 200 millones de dólares, el cual trabajará en paralelo con la cuenta bancaria internacional habilitada en la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- para captar las donaciones extranjeras de forma directa.
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