La crisis en los servicios públicos vuelve a golpear con fuerza a los sectores más vulnerables del municipio Naguanagua. La Residencia Médico Social San Onofre, una clínica psiquiátrica sin fines de lucro adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y ubicada en la urbanización Tarapío, cumple tres semanas enfrentando una severa escasez de agua de red. Esta situación mantiene en vilo a los familiares y al personal de salud, quienes advierten sobre las graves implicaciones físicas y emocionales que este escenario genera en la población interna.
La realidad del centro asistencial quedó en evidencia este lunes, cuando los parientes que acudieron a reincorporar a sus seres queridos tras el fin de semana se toparon con la misma problemática. El recinto alberga actualmente a 32 pacientes con condiciones especiales, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 60 años. El personal médico y de enfermería ha levantado las alarmas, explicando que el recurso hídrico es indispensable no solo para el mantenimiento de la infraestructura, el aseo de los baños y la preparación de los alimentos, sino para garantizar el equilibrio emocional de los residentes, quienes son altamente sensibles a las alteraciones de su rutina diaria y pueden experimentar severos cuadros de estrés y ansiedad ante la falta de higiene adecuada.
El costo de la contingencia y la vulnerabilidad económica
Para intentar mitigar la contingencia, los administradores y trabajadores se han visto en la necesidad extrema de adquirir camiones cisterna de 12 mil litros cada 48 horas con el fin de surtir los tanques principales de la cocina y las áreas sanitarias. Sin embargo, costear el servicio de distribución privada, cuyo valor ronda los 50 dólares por viaje, se ha convertido en una tarea cuesta arriba. Los familiares de los internos deben organizarse para aportar entre tres y cinco dólares por persona en cada ocasión, una cuota que no todos pueden cubrir debido a la precaria situación económica de la mayoría de los hogares.
Los allegados defienden la permanencia de los pacientes en esta institución adscrita al IVSS, puesto que los costos de hospitalización en un centro psiquiátrico privado de la región central superan con creces los 600 dólares mensuales, una cifra inaccesible para estas familias. Adicionalmente, el cuerpo de enfermeros detalló que la gran mayoría de los residentes presenta patologías severas que les impiden abandonar el recinto de forma temporal, sumado a casos críticos de pacientes cuyos representantes legales se encuentran fuera del territorio nacional o que, lamentablemente, carecen por completo de un sostén familiar que vele por ellos fuera de la institución.
Una reparación fallida: Del pozo comunal al colapso escolar
El origen del problema técnico se remonta a semanas atrás, cuando se averió la estación de bombeo del pozo comunal de la calle San Juan, el cual surte del líquido a miles de familias de la zona baja del municipio, incluyendo a los sectores Tarapío I y II, Barrio Oeste I y II, y parte de Barrio Oeste III. Atendiendo al llamado vecinal, las cuadrillas de la Alcaldía de Naguanagua procedieron el pasado domingo 24 de mayo a instalar un transformador eléctrico y un sistema de protección para resguardar los equipos de los constantes apagones, logrando reactivar el bombeo hacia las comunidades.
No obstante, la solución duró poco para el centro asistencial. La presión del agua recuperada provocó la ruptura de una tubería principal ubicada dentro de las instalaciones del vecino Centro de Educación Integral María Teresa Coronel, el cual comparte conexión hídrica con la Residencia San Onofre. Esta avería paralela causó un doble impacto negativo: por un lado, decenas de niños en edad preescolar debieron iniciar su jornada educativa este lunes sin acceso directo al agua en sus aulas y, por el otro, se generó un enorme desperdicio de miles de litros que ahora inundan el patio del plantel educativo. La pérdida del recurso se mantiene continua debido a que las llaves de paso de la institución escolar se encuentran dañadas desde hace varios años, impidiendo bloquear el flujo proveniente de la calle.
El clamor por una respuesta institucional inmediata
Ante la inacción de las cuadrillas especializadas de Hidrocentro, el propio personal técnico y obrero de la clínica psiquiátrica ha intentado ejecutar reparaciones paliativas uniendo de manera provisional los tubos despegados en los terrenos del preescolar. Pese a la voluntad de autogestión demostrada por la comunidad y los trabajadores, los afectados insisten en que este tipo de reparaciones de envergadura requieren del uso de herramientas profesionales y de una solución de ingeniería civil definitiva por parte de las corporaciones del Estado.
Los voceros comunitarios y los familiares de los pacientes hospitalizados hicieron un llamado público y enérgico a las autoridades municipales y regionales para que atiendan el caso con carácter de urgencia. Sostienen que la deficiencia prolongada de los servicios públicos, combinada con racionamientos eléctricos diarios que superan las seis horas, no puede ser normalizada por la ciudadanía, mucho menos cuando se encuentra en riesgo la salud mental de un grupo de venezolanos en una evidente condición de vulnerabilidad médica y social.
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