El abogado penalista y profesor universitario, Luis Armando Betancourt, dirigió una severa carta abierta a la junta directiva Ad Hoc del Colegio de Abogados del estado Carabobo. En la misiva, el jurista denunció de forma categórica el presunto silencio institucional mantenido por la corporación gremial ante la detención de varios agremiados en pleno ejercicio de sus funciones, así como la vulneración de los derechos humanos en la entidad y el estado de abandono que sufren los profesionales litigantes frente a los maltratos cotidianos. Ante estas irregularidades, el especialista exigió la convocatoria inmediata de elecciones libres y transparentes orientadas a refundar las bases de la institución.
Betancourt precisó que en el estado Carabobo se ha privado ilegítimamente de su libertad a profesionales del derecho mientras cumplían con sus responsabilidades técnicas, una situación ante la cual el órgano colegiado no ha emitido posturas firmes de defensa ni esquemas de acompañamiento oportuno. El jurista recordó que con anterioridad introdujo denuncias formales por escrito ante la sede del gremio reportando diversos atropellos, obteniendo como respuesta un silencio administrativo que la actual gestión provisional heredó de la directiva anterior y que, hasta la fecha, sigue sin ser resuelto, dejando a los afectados en una situación de desamparo institucional.
Degradación del ejercicio profesional en las sedes judiciales
Más allá de las detenciones, la comunicación describe un panorama crítico respecto a las condiciones diarias en las que los abogados de la defensa privada deben cumplir con sus labores en las instancias judiciales carabobeñas. El experto detalló que quienes ejercen el litigio se enfrentan de forma recurrente a horas inhumanas de espera en los tribunales, un retardo procesal endémico y dinámicas institucionalizadas de presunta corrupción. De igual manera, advirtió sobre un menosprecio sistemático hacia el rol del profesional del derecho y la existencia de amenazas constantes en el libre ejercicio de sus funciones.
A juicio del denunciante, todo este escenario se desarrolla bajo una absoluta orfandad gremial, señalando que la actual directiva no actúa como el escudo institucional que debería proteger a sus miembros frente a tales condiciones. Por tal motivo, instó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados a asumir un rol activo e histórico, impulsando sanciones ejemplares contra aquellos jueces, magistrados, fiscales o defensores públicos que resulten implicados, por acción o complicidad, en prácticas irregulares o violaciones flagrantes a las garantías ciudadanas en el ejercicio de los procesos penales.
Exigencia de elecciones y despolitización de la institución
El núcleo de las demandas presentadas por el jurista se centra en el restablecimiento urgente de la legitimidad de origen de las autoridades gremiales. Betancourt enfatizó que la conducción del Colegio de Abogados no admite mayores demoras para ir a un proceso de votación democrático, transparente y libre de interferencias políticas. En este sentido, la propuesta de refundación apunta a rescatar un espacio autónomo que se mantenga ajeno a las agendas de los partidos y libre de financiamientos o presiones de los factores que ejercen el poder público, elementos que, según advirtió, solo pretenden secuestrar una tribuna que históricamente defendió la dignidad legal en la región.
La visión planteada proyecta una institución concebida exclusivamente para el beneficio de los profesionales del derecho, donde se reactiven programas efectivos de protección social, ventajas gremiales tangibles y un manejo transparente de la caja de ahorros. De igual forma, se busca transformar la sede en un espacio propicio para el debate conceptual, el diálogo técnico y la formulación de propuestas que contribuyan de manera directa a la reconstrucción y optimización del sistema de justicia en todo el estado Carabobo.
Contexto institucional de la actual gestión provisional
Es importante recordar que la actual estructura dirigencial del gremio carabobeño opera bajo una modalidad provisional desde finales del año 2023. En noviembre de ese período, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente un recurso contencioso electoral con medida cautelar, ordenando la inmediata suspensión de la junta directiva que había resultado electa el 3 de febrero de 2023. La medida judicial derivó de un amparo constitucional introducido por los abogados Roymar Armas y Gianni Piva contra la comisión electoral encargada de llevar a cabo dicho proceso de votación.
Desde el dictamen del máximo tribunal, la junta Ad Hoc se encuentra integrada por Erwin Gerardo Fernández en la presidencia, Williams de Jesús Latuf Rodríguez como vicepresidente, Gustavo Alberto Guevara Morales en la tesorería y Ramón Antonio Navas Martínez en las funciones de bibliotecario. De acuerdo con lo decidido por la Sala Electoral, estos miembros deben mantenerse en el ejercicio de sus cargos ejecutando únicamente actos de simple administración hasta tanto el órgano judicial emita una sentencia definitiva sobre la causa principal.
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