Miles de migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos se ven obligados a regresar a Suramérica, pero en Panamá chocan con dos barreras insalvables: la selva del Darién y el elevado costo de cruzar el Caribe en embarcaciones privadas. “Si fuera carretera ya estaríamos en Colombia, pero costear 260 USD por pasaje no es fácil”, resume la venezolana Marielbis Eloina Campos, una de las decenas de familias varadas en el pueblo costero de Miramar.
Campos, de 33 años, viaja sola con sus cuatro hijos, de entre uno y siete años, tras haber cruzado en seis días la peligrosa selva del Darién. Allí, relata, vio cadáveres y sufrió el pánico al casi perder a uno de sus pequeños al ahogarse en un río. Estas experiencias extremas se suman al trauma de presenciar agresiones y violaciones, como el caso de una niña de 12 años entre sus compañeros de ruta.
En Ciudad de México, Campos permaneció un año y dos meses en un refugio esperando una cita para asilo a través de la aplicación CBP-One. La cancelación de ese programa por la Administración de Donald Trump la obligó a retroceder hasta Brasil, donde reside parte de su familia. “México es una tortura para los migrantes”, asegura, y en Panamá denuncia obstáculos de las autoridades migratorias: la expulsaron en Paso Canoas cuando su único objetivo es continuar hacia el sur.
Frente a la imposibilidad de costear lanchas privadas hasta 260 USD por persona Panamá habilitó al menos un traslado humanitario a bordo de una embarcación del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). En junio, 109 migrantes de nueve nacionalidades partieron desde Colón hasta La Miel, muy cerca de la frontera con Colombia; se planea un segundo viaje próximamente.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó este mes su inquietud por el notable incremento de flujos migratorios en sentido inverso (norte–sur). “Me preocupa que va subiendo el número de ciudadanos viniendo de norte a sur”, declaró ante la prensa, subrayando la necesidad de coordinar soluciones regionales.
Según datos oficiales de las autoridades migratorias, desde noviembre de 2024 —fecha en que Trump fue proclamado vencedor de las elecciones de EE UU al menos 12 730 migrantes han transitado por Panamá en su regreso a Suramérica, de los cuales el 94 % son venezolanos. Tras un pico de 3 013 ingresos en abril, las cifras descendieron a 2 500 en mayo y 1 779 hasta el 24 de junio.
Otro caso es el de Jesús Alfredo Aristigueta, de 32 años, que viaja acompañado de su esposa. Tras seis años en ruta, fracasó en su intento de cita CBP-One y sufrió un secuestro de cinco días tras cruzar en balsa la frontera Guatemala–México. Liberado al pagar con trabajo forzado, decidió regresar a Venezuela solo para quedar varado en Miramar, frustrado por la falta de ayudas que antes existían en puestos fronterizos.
La ruta inversa de norte a sur se ha convertido casi en el único flujo migratorio por Panamá, mientras que la tradicional travesía al norte con más de medio millón de cruces en 2023— casi desapareció. Los migrantes, atrapados entre la selva y el mar, claman ahora por un corredor terrestre alternativo y la simplificación de trámites que les permita reemprender su trayecto sin caer en redes de tráfico o violencia.
Este drama humanitario expone la fragilidad de las políticas migratorias en la región y la urgencia de articular mecanismos de apoyo desde rutas seguras hasta subvenciones al transporte que atiendan tanto a quienes desean partir como a quienes, forzados a retroceder, requieren protección y asistencia.
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